Sindicatos, indígenas y movimientos políticos fijan movilizaciones para octubre y noviembre; el Ejecutivo responde autorizando el ingreso de la Policía a los campus en caso de vandalismo.
Bogotá, D.C., 13 de septiembre de 2026. La tensión política y social en el país escaló tras el anuncio de un próximo Paro Nacional convocado por más de 1.500 delegados de organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, afrodescendientes y partidos de oposición. La decisión fue adoptada tras una cumbre realizada en Bogotá los días 11 y 12 de septiembre.
En respuesta a la inminente jornada de protestas, el presidente Abelardo de la Espriella emitió una alocución con una fuerte advertencia dirigida a los sectores estudiantiles y a los manifestantes que incurran en actos vandálicos dentro de los centros de educación superior.
Fuerza pública autorizada para ingresar a universidades
Durante su intervención, el mandatario nacional enfatizó que la figura constitucional de la autonomía universitaria no será un obstáculo para la acción de las autoridades frente a alteraciones del orden público.
- Advertencia presidencial: «La autonomía universitaria no es patente de impunidad y voy por ustedes», declaró el presidente, señalando directamente a quienes cometan actos de violencia o vandalismo en el marco de las marchas.
- Ingreso policial: El Gobierno autorizó expresamente a la Policía Nacional para ingresar a las instalaciones universitarias con el fin de capturar y judicializar a los responsables de hechos ilícitos.
Cronograma y motivos de la convocatoria al Paro Nacional
Las organizaciones sociales y de oposición establecieron una ruta de movilización ciudadana que iniciará de manera regional antes del paro general:
- Jornada de Movilización Regional (14 de octubre de 2026): Marchas y concentraciones previas en los principales departamentos del país.
- Paro Nacional (11 o 20 de noviembre de 2026): La fecha definitiva entre estas dos opciones será ratificada en las próximas semanas por los voceros de la cumbre social.
Ejes del rechazo a las políticas gubernamentales
Los más de 1.500 delegados fundamentaron la convocatoria en fuertes cuestionamientos a la agenda legislativa, económica y de seguridad del Ejecutivo:
- Seguridad y Defensa: Rechazo al despliegue de los denominados «Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana», la flexibilización en el porte de armas, la cooperación militar con Estados Unidos y la suspensión de las mesas de diálogo de paz.
- Política Ambiental y Agraria: Oposición al retorno de la fumigación aérea con glifosato y la implementación de proyectos de fracking.
- Economía: Críticas al nivel de endeudamiento contemplado en el proyecto del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027.
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