Bogotá / Neiva, 10 de noviembre de 2026. Una grave controversia sacude a las instituciones de seguridad y justicia del país tras una reciente investigación periodística publicada por Revista Raya, la cual pone al descubierto el presunto rol de un agente encubierto de la Fiscalía en la gestación y coordinación de hechos violentos durante protestas estudiantiles en Bogotá.
El informe de investigación, respaldado por documentos judiciales, audios, fotografías y videos, revela las actuaciones de un agente de la Fiscalía identificado bajo los alias de «Rojo» o «21» (cuyo nombre de pila es Wilmar González Sánchez), quien operó infiltrado entre 2024 y 2025 en universidades públicas como la Nacional, la Pedagógica y la Distrital.
Los hallazgos de la investigación: ¿Agente encubierto o agente provocador?
De acuerdo con el material revelado por el medio independiente, el agente ingresó como fuente de la Fiscalía en marzo de 2024 y fue avalado oficialmente como agente encubierto en julio de ese mismo año, tras asegurar que tenía nexos con estructuras de la antigua primera línea. Sin embargo, los testimonios y registros del expediente judicial señalan que su labor habría trascendido la recolección de pruebas:
- Suministro de material explosivo: La investigación documenta cómo el agente habría participado en la preparación, transporte y entrega de artefactos explosivos a jóvenes vinculados a un grupo investigado denominado PPP, incitándolos a cometer ataques contra la fuerza pública y el sistema de transporte masivo (SITP).
- Seguimiento y monitoreo: Los registros de la Sijín de la Policía Nacional confirman que el agente operaba bajo supervisión de inteligencia, llegando a estar dotado con dispositivos de grabación y siendo trasladado a puntos estratégicos en las inmediaciones de los claustros universitarios.
- Graves afectaciones a los jóvenes: El informe detalla episodios críticos, como el ocurrido el 11 de septiembre de 2025, cuando un joven perdió tres dedos de su mano tras la detonación de un artefacto al interior de un baño en la Universidad Nacional. Según testimonios de testigos y allegados, el propio agente resultó con quemaduras severas en gran parte de su cuerpo durante el incidente.
El contexto judicial y el debate nacional
Las revelaciones salen a la luz justo cuando la Fiscalía alcanzó preacuerdos con varios de los 11 jóvenes procesados por terrorismo en este caso, quienes fueron capturados en operativos conjuntos realizados a finales de 2025.
Mientras sectores políticos y de la orilla conservadora han defendido las acciones de la fuerza pública y la judicialización de redes vandálicas en los campus, defensores de derechos humanos y analistas académicos han advertido sobre los riesgos de los métodos de infiltración que incentivan la violencia. Juristas consultados compararon este episodio con antecedentes históricos de montajes judiciales, señalando que estas prácticas buscan debilitar el tejido organizativo de los movimientos sociales y estigmatizar la protesta legítima en el país.
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