Bogotá / Neiva, 10 de noviembre de 2026. El marco jurídico y la política de orden público en Colombia acaban de dar un giro estratégico fundamental. El Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sancionó oficialmente la Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026, una norma de 28 páginas que modifica, adiciona y prorroga la histórica Ley 418 de 1997 (Ley de Orden Público) para establecer un nuevo esquema de sometimiento a la justicia de actores armados ilegales y estructuras terroristas.
La nueva legislación busca combinar el accionar ofensivo de la Fuerza Pública con mecanismos de sometimiento voluntario individual o colectivo, fijando reglas estrictas sin negociación política previa, con fuerte énfasis en el desarme total, el desmantelamiento de economías ilícitas y la reparación efectiva a las víctimas.
Un proceso en dos fases: Del trámite administrativo al estrado judicial
A diferencia de los marcos de negociación del pasado, la Ley 2640 delimita de forma tajante el procedimiento en dos etapas sucesivas:
- Fase Administrativa (Máximo 3 meses, prorrogable una vez): Bajo responsabilidad del Gobierno Nacional, los delegados oficiales recibirán las solicitudes de sometimiento. Las organizaciones deberán entregar una radiografía completa e indispensable: nómina de integrantes, mandos, coordenadas de influencia, inventario de armamento, redes de apoyo, financiadores, bienes y mapa de economías ilícitas. Asimismo, es obligatorio reportar personas secuestradas, menores reclutados y ubicación de personas dadas por desaparecidas.
- Fase de Judicialización: Queda bajo la órbita exclusiva de las autoridades judiciales y la Fiscalía General de la Nación, encargadas de evaluar los aportes a la verdad, verificar la entrega real de bienes y armas, y definir las responsabilidades e imponderables penales individuales.
Condicionamientos, rebaja de penas y «líneas rojas» en reclutamiento
La norma fija siete condiciones insalvables para acceder a cualquier tratamiento penal diferenciado, advirtiendo que el ocultamiento deliberado de información sobre desaparecidos o finanzas ocasionará la pérdida automática de los beneficios:
- Sanciones y beneficios: Se establece una rebaja punitiva de hasta el 50% de la pena acumulada para quienes no ejerzan mando, condicionada a sus aportes a la verdad y desmantelamiento de la estructura. Para quienes hayan ejercido funciones de mando y liderazgo, la reducción máxima será del 30%.
- Freno al reclutamiento infantil: Como un candado de protección a la niñez, la ley determina que quienes recluten menores de edad tras la entrada en vigencia de la norma tendrán un tope máximo de rebaja del 10% para mandos y hasta el 30% para combatientes rasos.
- Sitios de reclusión: Se contempla la posibilidad de cumplir medidas preventivas en centros de arraigo transitorios y penas ejecutadas en colonias agrícolas o cárceles productivas con restricción efectiva de la libertad.
Impacto y Transformación Territorial Integral en el Huila
Uno de los pilares de la Ley 2640 es la Transformación Territorial Integral (TTI) (Artículo 13), una estrategia que ordena articular acciones sociales, económicas y de seguridad para sustituir economías criminales por proyectos lícitos en zonas rurales y urbanas.
Para el departamento del Huila —territorio impactado en sus fronteras por el accionar de disidencias provenientes del Cauca, Caquetá y Meta— esta herramienta legislativa tiene un alcance directo:
- Inclusión en planes locales: La TTI deberá integrarse de forma obligatoria al Plan Nacional de Desarrollo y a los planes de desarrollo de los 37 municipios del Huila y la Gobernación.
- Proyectos de reincorporación regional: La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), junto al SENA, MinTrabajo y MinEducación, priorizarán iniciativas en sectores como agricultura sostenible, ecoturismo y recuperación ambiental, renglones clave para la economía agroindustrial del territorio opita.
- Fondo de reparación para víctimas: Los bienes y activos incautados o entregados por las estructuras criminales mediante comiso serán destinados prioritariamente a la reparación individual y colectiva de las víctimas en los municipios afectados.
Consulta la Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%20No.%202640%20DEL%204%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202026.pdf
Acerca del autor
