El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca frenó el convenio con la Imprenta Nacional y Portugal. Aunque el Gobierno de Abelardo De La Espriella defiende un stock de 600.000 libretas, el cerco legal revive el fantasma de los viejos contratos con Thomas Greg & Sons.
Bogotá D.C., 3 de septiembre de 2026. Una nueva sacudida legal pone en jaque el modelo de expedición de pasaportes en el país. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó una medida cautelar urgente que suspende el convenio interadministrativo suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, bloqueando de paso la alianza estratégica fijada con el Gobierno de Portugal.
Ante el revuelo ciudadano, la respuesta institucional no se hizo esperar. En rueda de prensa conjunta, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el canciller, Omar Bula, enviaron un mensaje de tranquilidad al país, confirmando que existen en inventario 600.000 libretas (410.000 en stock inmediato y 190.000 en camino), lo que garantiza la expedición continua del documento por los próximos cuatro meses mientras el Ejecutivo acude a estrados para aclarar los alcances de la decisión judicial.
Sin embargo, tras las declaraciones oficiales y el blindaje temporal del servicio, subyace un agudo debate jurídico sobre el fondo del fallo.
¿El fallo obliga a regresar al anterior operador privado?
Para comprender la magnitud de la medida cautelar y si esta empuja al Estado de regreso al viejo modelo monopolístico, es necesario desglosar las dos caras del escenario legal:
- Efecto Inmediato de la Medida Cautelar: El Tribunal congeló las transferencias de dinero de la Cancillería a la Imprenta Nacional y prohibió los procesos de personalización y distribución bajo el nuevo modelo. Al frenar en seco la ejecución de la Imprenta, el Estado queda contra el reloj: una vez consumido el stock de cuatro meses anunciado por el canciller Bula, la Cancillería no podrá dejar paralizado un servicio público esencial. Si el juzgado no levanta la suspensión o si la Imprenta no logra subsanar los requisitos técnicos exigidos por el juez, el Gobierno se verá forzado a acudir a un esquema de contratación de urgencia manifiesta con un operador privado que posea la capacidad técnica inmediata.
- El Retorno de la Firma Privada: El anterior operador —ampliamente cuestionado durante la administración Petro por concentrar durante años el negocio de la expedición de pasaportes— es prácticamente la única entidad en el mercado nacional con la infraestructura, la maquinaria y la tecnología instalada para asumir la impresión masiva sin interrumpir la operación en las gobernaciones y cancillerías. De mantenerse en firme la decisión del Tribunal, el Estado no tendría otra alternativa operativa que contratar al anterior operador o a un conglomerado similar para evitar el colapso del trámite.
¿Existe la intención de sepultar la Imprenta Nacional como operadora?
El análisis sobre el espíritu de la decisión judicial revela una fuerte tensión entre la capacidad técnica estatal y los principios de la contratación pública:
- La Búsqueda del Rigor Técnico y Jurídico: Quienes defienden las acciones populares argumentan que la Imprenta Nacional no cuenta con la capacidad tecnológica propia ni la experiencia para imprimir documentos de alta seguridad, señalando que la entidad terminó actuando como un «intermediario» que subcontrataba con terceros extranjeros (como el acuerdo con Portugal). El fallo busca evitar que se vulneren los principios de libre competencia y selección objetiva mediante convenios directos entre entidades públicas que en la práctica no ejecutan el contrato.
- La Lectura de un Bloqueo al Modelo Estatal: Desde la perspectiva del Ejecutivo y de los defensores de la soberanía en la expedición de documentos, la medida cautelar es percibida como un freno judicial al intento de desmontar un monopolio privado de más de dos décadas. Al bloquear el proceso de transición hacia la Imprenta Nacional, la decisión restablece la dependencia del Estado frente a los actores privados tradicionales, encareciendo o condicionando la soberanía del registro de datos de los colombianos.
Cuatro meses de tregua antes del choque definitivo
Por el momento, la estrategia del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se concentrará en interponer recursos de aclaración y ajustes técnicos antes del vencimiento del inventario.
Lo cierto es que la ventana de cuatro meses no solo servirá para tramitar los pasaportes de la ciudadanía; será el plazo definitivo donde la justicia determine si Colombia logra consolidar la Imprenta Nacional como eje emisor de sus documentos oficiales o si, por imperativo legal y técnico, el país está condenado a retroceder al antiguo esquema de contratación privada.
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