El borrador de decreto del Departamento Nacional de Planeación extienden el régimen de transición hasta el 31 de julio de 2027, luego de que las reclamaciones se dispararan un 1.000% y la emergencia por el terremoto colapsara la infraestructura del Sisbén en más de 400 municipios.
Bogotá D.C. El Gobierno Nacional se vio obligado a frenar en seco la entrada en vigor del Registro Universal de Ingresos (RUI) como único instrumento de focalización de ayudas sociales en Colombia. A través de un proyecto de decreto expedido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la administración aplazó de forma oficial la salida definitiva del Sisbén, fijando como nueva fecha límite para el periodo de transición el 31 de julio de 2027.
La decisión, firmada técnicamente por el director del DNP, Julián Buitrago Arango, modifica el Decreto 1082 de 2015 y da un respiro tanto a las entidades territoriales como a millones de beneficiarios de programas sociales que se encontraban en la incertidumbre por errores de clasificación y fallas en la plataforma tecnológica.
Las tres razones detrás del aplazamiento
De acuerdo con las consideraciones oficiales del documento normativo, tres factores de fuerza mayor y colapso técnico provocaron la prórroga de un año en la implementación:
1. Explosión de reclamaciones ciudadanas (+1.000%)
El inicio de la puesta en marcha del RUI en agosto de 2026 desató una ola de inconformidad social. En tan solo un mes, el DNP recibió más de 112.000 peticiones y reclamos de ciudadanos disconformes con la nueva clasificación socioeconómica asignada. La cifra resulta aplastante al compararla con el histórico del Sisbén: en todo el año 2025 se registraron 11.213 peticiones. En 30 días de RUI, las quejas se multiplicaron por diez, obligando al Gobierno a detener el algoritmo para calibrar los modelos técnicos de estimación y prevenir errores injustificados de exclusión.
2. Devastación por el terremoto en San José del Palmar
El sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en el Chocó —identificado como el de mayor magnitud en Colombia en el siglo XXI— destruyó la capacidad operativa de las administraciones locales en 16 departamentos y 476 municipios. La emergencia causó la destrucción física de alcaldías, la inhabilitación de oficinas del Sisbén local y la pérdida total de conectividad digital en municipios de categorías 5 y 6, haciendo imposible la actualización de datos o el trámite de autodeclaraciones en territorio.
3. Inestabilidad en la Ventanilla Social
La infraestructura tecnológica de la «Ventanilla Social» (creada mediante la Resolución 2383 de 2026 para gestionar el RUI) sufrió cuellos de botella informáticos a nivel nacional. El DNP reconoció que la plataforma requiere de un periodo prolongado de estabilización para soportar la migración masiva de datos sin colapsar los servidores.
¿Qué cambia para los beneficiarios de programas sociales?
| Regla / Instrumento | Estado durante la Transición (hasta Julio 2027) |
| Validez del Sisbén | Vigente y obligatorio. Las entidades públicas y privadas seguirán asignando subsidios y programas basándose en las bases de datos del Sisbén. |
| Uso de la Ventanilla Social | Opcional. No será obligatorio consultar o realizar trámites mediante la herramienta del RUI; los canales habituales del Sisbén continúan habilitados. |
| Ajuste por Emergencia | El DNP rediseñará el software e incorporará módulos de contingencia para flexibilizar los registros de los hogares vulnerables damnificados por el sismo. |
| Planes de Manejo Institucional | Cada entidad responsable de subsidios tendrá plazo hasta el final de la transición para publicar su propio cronograma de empalme hacia el RUI. |
Un freno de mano necesario para la red de protección social
El aplazamiento del Registro Universal de Ingresos evita la parálisis de la entrega de subsidios estatales en momentos de alta vulnerabilidad económica y desastre natural. Si bien el RUI se mantiene como el horizonte hacia el cual migrará la focalización pública en Colombia, el borrador de decreto deja claro que la tecnología no puede ir más rápido que la realidad social del territorio: sin conectividad en las regiones golpeadas y sin algoritmos justos, la transición hacia el nuevo modelo habría significado el desmonte intempestivo de las ayudas para los colombianos que más las necesitan.
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