El recrudecimiento de la violencia armada, las masacres, los homicidios de líderes sociales y la falta de garantías institucionales para el diálogo amenazan el tejido comunitario en el departamento.
Neiva, Huila — 22 de agosto de 2026. En una contundente denuncia pública dirigida a la comunidad regional, nacional e internacional, la Mesa Territorial de Garantías del Huila (MTGH) alertó sobre el grave deterioro de la situación de derechos humanos y seguridad humana que afecta a diversos municipios del departamento en lo corrido del año.
El informe expone un panorama marcado por la expansión de estructuras armadas ilegales, presiones contra la población civil y la interrupción de los canales de concertación con el gobierno departamental, en contravención con las disposiciones de la Sentencia SU-546 de 2023 de la Corte Constitucional.
Radiografía del Deterioro de la Seguridad en 2026
El documento presentado por la MTGH detalla una serie de hechos violentos y mecanismos de control territorial que han impactado directamente a las comunidades rurales y urbanas:
- Alertas Tempranas y Expansión Armada: La Alerta Temprana 016 de 2026 de la Defensoría del Pueblo advierte sobre la presencia activa del Frente Ismael Ruiz y la Compañía Móvil Julián González (Bloque Central Isaías Pardo del Estado Mayor Central) en Aipe, Neiva (zona occidental), Palermo, Santa María y Teruel.
- Control Social y Reclutamiento: Se denuncian retenes ilegales, uso de redes sociales para la atracción de niños, niñas y adolescentes al conflicto, extorsiones sistemáticas y la instrumentalización de las Juntas de Acción Comunal.
- Masacres y Homicidios: Durante 2026 se han registrado masacres en Suaza (15 de febrero) y Pitalito (18 de marzo). En los últimos seis años, el Huila suma 19 masacres con 69 víctimas mortales, concentradas principalmente en Algeciras y Pitalito.
- Escalada Bélica e Impacto Comunitario: Ataques con explosivos, atentados a instalaciones de Fuerza Pública en Íquira, emboscadas en Algeciras y enfrentamientos en La Plata y Tesalia han dejado víctimas mortales y afectaciones directas a la infraestructura civil.
- Liderazgos Asesinados: Entre enero y julio de 2026 se reportan los homicidios de los líderes Edna Katherine Real Bastidas, Héctor Salazar, Pedro Luis González Campo, David Zea Murcia, Yeison Yhinoba Camacho y Nordey Bermúdez Conde en Algeciras, Campoalegre y Neiva.
Tensiones Institucionales y Denuncias de Estigmatización
La Mesa Territorial de Garantías expresó su preocupación por el debilitamiento de los espacios de interlocución formal con la Gobernación del Huila, señalando la falta de voluntad política para desarrollar las sesiones concertadas.
Asimismo, las organizaciones denunciaron hechos de estigmatización contra las guardias campesinas por parte de unidades militares en Algeciras, presiones políticas en Yaguará y señalamientos durante operativos en zona rural de La Plata, haciendo un llamado estricto al respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a la erradicación del concepto del «enemigo interno».
Exigencias Fundamentales
Ante este escenario crítico, la Mesa Territorial de Garantías del Huila y las organizaciones sociales firmantes elevan un llamado urgente a las instancias competentes:
- A los Actores Armados Ilegales: Cesarle de manera inmediata cualquier acción bélica, hostigamiento, reclutamiento o constreñimiento contra la población civil, líderes comunales, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y defensores de derechos humanos.
- A la Gobernación del Huila: Reactivar de forma prioritaria el funcionamiento efectivo de la Mesa Territorial de Garantías, dar cumplimiento estricto al plan de trabajo concertado y garantizar respuestas enfocadas en la prevención y la seguridad humana integral.
- Al Estado Colombiano y Ministerio Público: Implementar las medidas de protección colectiva e individual para los liderazgos en riesgo, garantizando la no repetición y ejerciendo un seguimiento riguroso a las alertas tempranas emitidas para la región.
- A las Fuerzas Militares: Enmarcar todas las operaciones bajo el estricto cumplimiento del DIH, garantizando el respeto al tejido asociativo, las organizaciones comunitarias y la defensa legítima de los derechos humanos.
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