Un análisis comparativo y objetivo frente al cierre de mesas de diálogo por el Gobierno De La Espriella y la respuesta del sector parlamentario indígena.
El anuncio formulado el 30 de agosto de 2026 por el Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, desde Barranquilla, sobre el cierre definitivo de tres procesos de diálogo con grupos armados ilegales, marca un quiebre sustancial en la estrategia de orden público del país.
La decisión —formalizada mediante nueve resoluciones administrativas que levantan el estatus a voceros de las estructuras dirigidas por alias ‘Calarcá’, los Coordenados del Frente/Comandos de Frontera y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada— evidencia dos visiones radicalmente opuestas sobre la resolución del conflicto armado en Colombia: la doctrina de la autoridad impuesta por la fuerza del Estado frente a la defensa de la negociación como imperativo constitucional y social.
La postura del Gobierno Nacional: Orden, soberanía y fin de la «impunidad»
La estrategia expuesta por el presidente Abelardo De La Espriella redefine las condiciones de la fuerza pública frente a las organizaciones al margen de la ley:
- Balance de resultados: El Ejecutivo justifica la ruptura argumentando la ausencia de voluntad real de desarme y la falta de avances verificables en las mesas de conversación heredadas del esquema anterior.
- Fin de los beneficios y estatus: Al revocar las resoluciones de reconocimiento a voceros y negociadores, el Gobierno busca evitar que las mesas de diálogo se conviertan en escudos jurídicos o espacios de repliegue operativo.
- Concepción de la Seguridad: La doctrina gubernamental se sintetiza en la premisa de que la paz no es un objeto de concesión política ni de impunidad, sino el resultado de la aplicación rigurosa de la ley y el monopolio legítimo de las armas por parte del Estado.
“Mi concepción de la paz es clara: la paz se garantiza y se impone con la fuerza legítima de las armas y las leyes de la República, bajo el imperio de la ley, bajo el Estado de Derecho.” — Abelardo De La Espriella, Presidente de la República.
La postura de la oposición: Mandato constitucional y protección a los territorios
Desde la perspectiva de la senadora indígena Sandra Chindoy y los sectores sociales de las regiones afectadas por el conflicto, la cancelación de las mesas de negociación representa un riesgo inminente de recrudecimiento de la violencia armada en la ruralidad:
- La paz como deber constitucional: Chindoy apela al marco del Artículo 22 de la Constitución Política, señalando que la búsqueda de la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento que no puede quedar a merced de voluntades de gobierno.
- Impacto directo en las comunidades: Argumenta que el retorno a las acciones militares de alta intensidad afecta en primera instancia a los pueblos indígenas, afros y campesinos que habitan los territorios disputados por las estructuras armadas.
- Rechazo a la lógica bélica: La oposición sostiene que catalogar de «falso diálogo» las mesas canceladas oculta la falta de voluntad política para abordar las causas estructurales del conflicto (desabandonamiento estatal, inversión social y economías ilícitas).
“Abelardo cree que acabando los diálogos va a lograr la PAZ. ¡Mentira! Eso no es paz. Eso es regresar a la lógica de la guerra, de la mano dura y del abandono de la población. Desde el Senado y desde los pueblos no nos vamos a callar.” — Sandra Chindoy, Senadora de la República.
Cuadro comparativo: Modelos en conflicto
| Eje de Análisis | Gobierno Nacional (Presidencia De La Espriella) | Oposición / Sector Indígena (Senadora Sandra Chindoy) |
| Premisa Central | La paz se impone con la fuerza legítima del Estado y la ley. | La paz es un mandato constitucional y una necesidad de las comunidades. |
| Mecanismo | Restablecimiento de operaciones de la Fuerza Pública y cancelación de beneficios. | Negociación política continua y presencia institucional social en el territorio. |
| Riesgo Identificado | Instrumentalización del diálogo para generar impunidad y repliegue criminal. | Recrudecimiento de las hostilidades y victimización de la población civil. |
| Población Objetivo | Fortalecimiento de la autoridad legal y defensa del Estado de Derecho. | Protección directa a comunidades vulnerables e indígenas de la ruralidad. |
Conclusión
El choque entre la Casa de Nariño y la vocería de las comunidades territoriales refleja el debate histórico de la política colombiana entre la seguridad democrática/autoridad institucional y la salida negociada al conflicto.
Mientras el Gobierno enfoca su accionar en la caducidad del diálogo frente a la falta de avances, los liderazgos regionales y la bancada indígena advierten que cerrar las puertas de la negociación sin una presencia integral del Estado puede derivar en un nuevo ciclo de confrontación armada con altos costos humanos para la población civil.
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