El panorama ambiental en la cuenca panamazónica y los ecosistemas de alta montaña en Sudamérica atraviesa una tensión estructural entre el discurso de protección ambiental y las determinaciones administrativas de los Gobiernos. Mientras en Puyo (Ecuador) el XII Foro Social Panamazónico (FOSPA) consolidó un bloque ético y social en contra de la expansión extractivista, en Colombia la expedición de actos administrativos recientes sobre el Macizo de Santurbán reabre la controversia sobre las verdaderas garantías institucionales para la preservación de las fuentes hídricas.
El espejo regional: La posición de la Iglesia y la sociedad civil en el XII FOSPA
Durante las jornadas del FOSPA, representantes eclesiales —entre ellas la Misionera Laurita Marlene Cachipuendo— y plataformas internacionales como la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y la red Iglesias y Minería remarcaron la necesidad de pasar de las declaraciones simbólicas a la protección efectiva del territorio.
El sustento ético y pastoral de este bloque regional quedó condensado en la intervención de Monseñor Adalberto Jiménez, obispo del Vicariato Apostólico de Aguarico y presidente de REPAM Ecuador:
“Estamos ante un modelo extractivista de muerte y, mientras estamos aquí, en nuestros territorios está la muerte (…) Necesitamos salir de aquí, cada uno con un compromiso, por pequeño que sea. No queremos más documentos que sopotrten la crítica mordaz del polvo en una estantería, no queremos más discursos. Necesitamos cuidar los territorios y recorrerlos.”
El mensaje desde el Ecuador planteó un estándar claro: la fragilidad de los ecosistemas estratégicos no permite concesiones ni margen de maniobra a proyectos que comprometan el agua y la vida de las comunidades.
La realidad normativa en Colombia: La revocatoria de la Reserva Natural en Santurbán
Al analizar la coyuntura colombiana a la luz del rigor documental, la contradicción entre la política de conservación y la práctica administrativa se evidencia en las actuaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible respecto al Macizo de Santurbán:
- Paso inicial de protección (6 de agosto de 2026): Mediante la Resolución 0994, el Ministerio de Ambiente había delimitado y declarado la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo denominada «La Baja», ubicada en un sector clave de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el Macizo de Santurbán.
- Giro administrativo y revocatoria (13 de agosto de 2026): Tan solo siete días después, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 1037 de 2026. En su Artículo 1.º, la entidad resolvió «REVOCAR DIRECTAMENTE la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026», dejando sin efecto la declaratoria de reserva definitiva en dicho sector estratégico del macizo.
¿Por qué la revocatoria abre el camino a la intervención en el páramo?
Desde una perspectiva de análisis institucional y técnico, la anulación de la Reserva Natural «La Baja» mediante la Resolución 1037 representa un cambio de rumbo con implicaciones directas sobre el territorio:
- Retiro de barreras jurídicas de protección: Al derribar la declaratoria de reserva de recursos naturales renovables, se elimina la figura legal de mayor jerarquía que congelaba o restringía el otorgamiento de títulos, licencias ambientales y actividades de exploración o explotación en la microcuenca de la quebrada La Baja.
- Alineación con presiones e intereses económicos: La decisión de revocar en una semana una medida de protección definitiva refleja las tensiones existentes entre la conservación estricta y los intereses minero-energéticos que históricamente han buscado seguridad jurídica para operar en las zonas de amortiguación e influencia hídrica del páramo.
- Desatención a la evidencia científica hídrica: La literatura científica ambiental ha demostrado que la intervención técnica en las cabeceras de cuenca paramunas genera alteraciones irreversibles en la escorrentía, la vegetación de frailejones y la calidad del agua por lixiviación o alteración de metales. Desproteger legalmente microcuencas como La Baja expone de manera directa el suministro de agua potable de Bucaramanga y los municipios circunvecinos a riesgos de contaminación irreparables.
El contraste entre el mandato del XII FOSPA y las decisiones normativas adoptadas mediante la Resolución 1037 de 2026 en Colombia deja al descubierto la distancia entre la narrativa ambientalista y las decisiones de política pública. Mientras la comunidad científica y la Iglesia panamazónica insisten en que la preservación del agua debe prevalecer sobre cualquier rendimiento económico, la revocatoria de figuras de protección en Santurbán demuestra que la frontera del extractivismo se mantiene activa mediante giros administrativos que comprometen el patrimonio hídrico de las futuras generaciones.
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