BOGOTÁ | En una declaración que ha dejado estupefacto al país, el presidente de la República ha denunciado un plan multifacético para desestabilizar su gobierno, que incluiría desde atentados contra su integridad física hasta el uso de organismos de control para encarcelar a su círculo más cercano. Según el mandatario, existe una estrategia orquestada desde sectores del «uribismo» y funcionarios clave en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para «destripar» su proyecto político.
1. La «Misión Extraña»: Sustancias en el vehículo presidencial
La revelación más alarmante involucra a un general retirado de la Policía Nacional. El presidente afirmó que este oficial tenía la misión de implantar sustancias psicoactivas en el automóvil presidencial para generar un escándalo que afectara su permanencia en el cargo. Además, vinculó estas acciones con un intento de sabotear su pasada reunión con el expresidente de EE. UU., Donald Trump.
2. Persecución Judicial: «Querían a mi hijo preso»
El mandatario vinculó los procesos judiciales contra su hijo, el profesor Bonilla y el exsenador Velasco como parte de una «acción coordinada» que vendría gestándose desde octubre del año pasado. Para el presidente, no se trata de investigaciones aisladas, sino de un intento por asfixiarlo políticamente a través de sus afectos y colaboradores más cercanos.
3. El polémico caso de los sobrecostos de campaña
Respecto a las investigaciones contra Ricardo Roa y las cuentas de su campaña, el presidente calificó las acusaciones de «estúpidas». Defendió la transparencia de sus gastos, explicando que:
- Testigos electorales: Los costos de testigos son posteriores a la elección y no deben contarse como gastos de campaña.
- Festejos: Los gastos de celebración del triunfo no son gastos proselitistas.
- Pautas: Negó que se hubiera duplicado la facturación en medios de comunicación como Caracol.
Atacó directamente a los magistrados del CNE, Lorduy, Benjamín y Álvaro Prada, tildando a este último de «subyace del uribismo» y acusándolo de querer frenar la consulta de sectores alternativos como la de Cepeda.
Análisis Periodístico: Entre la denuncia y la evidencia
Desde el rigor periodístico, las declaraciones del presidente sitúan al país en un escenario de alarma institucional:
- Gravedad de las acusaciones: Hablar de implantación de drogas en el carro presidencial por parte de un General es una acusación de carácter penal que requiere pruebas inmediatas ante la Fiscalía.
- El factor CNE: La confrontación con el Consejo Nacional Electoral llega a su punto máximo. Al señalar a los magistrados de «hacer fraude», el presidente desconoce la legitimidad del tribunal encargado de vigilar las cuentas de su propia campaña.
- El choque con las regiones: El mandatario también lanzó dardos al manejo de la emergencia económica en Córdoba, criticando el subsidio a la gasolina (al que calificó de inconstitucional) y el manejo de recursos por parte de ministros a los que se refirió en términos despectivos.
Conclusión: El presidente se siente cercado y ha decidido «patear el tablero». La narrativa de un «golpe blando» ha pasado a una de «ataque físico y criminal». La pregunta que queda en el aire es: ¿presentará el Ejecutivo las pruebas de este general y el plan de las sustancias ante la justicia, o se mantendrá como una denuncia política en plazas públicas?
Acerca del autor
