Bogotá / Neiva, 3 de noviembre de 2026. Un verdadero ‘puyazo’ político encendió el debate en el Congreso de la República tras las fuertes declaraciones del congresista Óscar Benavides, quien arremetió de frente contra el articulado de la Ley de Sometimiento promovida por el Gobierno.
El congresista no se guardó nada al cuestionar el rumbo que está tomando el marco jurídico propuesto para las estructuras criminales en el país y lanzó una frase que de inmediato retumbó en las redes sociales y los pasillos del Capitolio:
“¿Abelardo de la Espriella gobierna para los narcos o para el pueblo colombiano? ¡No me voy a prestar para esta desgracia! Si Pablo Escobar estuviera vivo, le estaría aplaudiendo la Ley de Sometimiento de este Gobierno. Así de simple. Estamos frente a un Gobierno dictatorial que, con sus arbitrariedades, atenta contra nuestro Estado Social de Derecho”.
Los puntos de la discordia: ¿Garantía de paz o impunidad?
La polémica estalló en torno a las condiciones y beneficios que plantea el proyecto para los integrantes de grupos al margen de la ley. Según el análisis presentado durante la discusión en el Congreso, el debate se centra en tres ejes clave:
- Las rebajas de penas: El proyecto en discusión plantea reducciones de hasta el 50% de la pena acumulada para quienes aporten verdad, reparación a las víctimas y ayuden a desmontar las redes ilícitas. Para los altos mandos, el beneficio contemplado es de hasta un 30%.
- La crítica de la oposición: Congresistas alineados con la postura de Benavides sostienen que este tipo de garantías representan un exceso de generosidad que puede derivar en impunidad y enviar un mensaje equivocado frente a la reincidencia delictiva.
- La postura del Gobierno: Por su parte, los voceros del Ejecutivo y defensores de la norma aseguran que no se trata de una negociación política sino de una oferta unilateral del Estado, subrayando que las órdenes de captura y los trámites de extradición no se suspenderán durante el proceso.
Las candentes declaraciones del congresista Benavides dejan clara la profunda división legislativa frente a esta iniciativa, mientras la ciudadanía sigue atenta a la suerte que correrá el proyecto en sus próximos debates en el Congreso.
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