BOGOTÁ | La confirmación de la suspensión de la programación regional en las 20 Emisoras de Paz y en 11 estaciones descentralizadas de la Radio Nacional de Colombia —notificada por la gerencia de Inravisión y alertada este 20 de agosto de 2026 por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)— ha desatado una profunda preocupación en las regiones más vulnerables del país.
Aunque la administración central ha defendido la medida como un proceso transitorio de revisión y reestructuración de contenidos, diversos sectores sociales, gremios periodísticos y líderes comunitarios advierten sobre el impacto directo que esta desconexión genera en el tejido social y en el cumplimiento de los compromisos de Estado asumidos en el Acuerdo Final de Paz de 2016.
📜 El origen y la vocación territorial: Más que una parrilla radial
Las Emisoras de Paz nacieron en virtud del Punto 6.5 del Acuerdo de Paz de 2016, concebidas para ser administradas por el sistema de medios públicos con el fin de llevar pedagogía, cultura, convivencia y visibilidad a las zonas golpeadas por el conflicto armado y cobijadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Estaciones ubicadas en municipios como Ituango, Bojayá, Fonseca, Convención, Algeciras o San Jacinto no funcionan como emisoras comerciales tradicionales: representan la principal —y en muchos casos única— herramienta de servicio público donde la ciudadanía accede a información de interés comunitario.
🤝 El valor social: ¿Por qué el servicio beneficia a toda la ciudadanía?
Lejos de una confrontación partidista, el reclamo de la sociedad civil y de las organizaciones de prensa se centra en defender el valor social del servicio radial en las zonas rurales:
- Información de utilidad pública y emergencia: En territorios con conectividad reducida o nula a internet, la radio pública transmite alertas tempranas de gestión del riesgo, campañas de vacunación, avisos educativos y convocatorias agrícolas.
- Espacios de diálogo y convivencia: Estas frecuencias han servido como canal para dar voz a campesinos, víctimas, indígenas y emprendedores locales, fortaleciendo la integración comunitaria y la resolución pacífica de conflictos.
- Continuidad informativa sin vacíos: Los gremios señalan que cualquier evaluación o mejora técnica a la programación debe adelantarse de manera progresiva, sin suspender la señal ni dejar a los territorios en un apagón informativo.
🛡️ Herramientas legales y ciudadanas ante la suspensión
Frente a la materialización de la medida, las comunidades afectadas, colectivos de comunicación y defensores de derechos humanos cuentan con mecanismos institucionales amparados por el marco legal colombiano para solicitar la protección de sus derechos:
- Mecanismos Constitucionales:
- Acción de Tutela: Invocar la vulneración del Derecho Fundamental al Acceso a la Información (Art. 20 de la Constitución), especialmente tutelable en zonas rurales dispersas sin acceso a otros medios masivos.
- Derecho de Petición Colectivo: Dirigido al Ministerio de las TIC y a la gerencia de Inravisión para exigir cronogramas claros de reactivación y garantías de preservación de la franja territorial.
- Acompañamiento Institucional:
- Solicitar la intervención de las delegadas de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación para verificar que no se afecte la cobertura informativa en zonas vulnerables.
- Veedurías Ciudadanas:
- Conformación de veedurías sobre los medios públicos para vigilar el cumplimiento de la función social de la radio estatal y participar en las mesas de análisis de la programación.
📌 El reto de preservar la voz de las regiones
Garantizar la transmisión de las 20 Emisoras de Paz no es solo un asunto de cumplimiento normativo del Acuerdo de 2016; es un compromiso ético con las comunidades que encontraron en el micrófono una herramienta de desarrollo y reconciliación. La reactivación de la producción regional se perfila como una exigencia fundamental para garantizar el derecho a la información y el diálogo en toda la geografía nacional.
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