- El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Seccional Huila) alertó sobre allanamientos sin orden judicial y vulneración al debido proceso en veredas del municipio.
- El organismo solicitó la intervención de la Fiscalía, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para revisar la situación de cuatro pobladores judicializados.
LA PLATA, HUILA (17 de agosto de 2026) — A través de un comunicado oficial a la opinión pública, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) – Seccional Huila emitió una alerta sobre hechos ocurridos en la zona rural del municipio de La Plata, en los que se señalan presuntos atropellos y estigmatización contra la población campesina por parte de unidades de la Fuerza Pública.
Según la denuncia presentada por la organización, los hechos se desencadenaron el pasado 8 de julio en la vereda Los Pinos, tras registrarse un ataque con disparos contra una patrulla del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’. De acuerdo con el reporte, las tropas desplegaron un operativo hacia la vereda Los Jardines en el que se habrían realizado ingresos a viviendas sin las correspondientes órdenes judiciales.
Casos señalados por la comunidad
El CPDH documentó los testimonios de líderes comunitarios que señalan la retención de cuatro habitantes de la zona bajo acusaciones de presunto auxilio a grupos armados al margen de la ley:
- Carlos Valencia: Adulto mayor que transitaba por la zona tras reclamar un mercado institucional para sus labores agrícolas.
- Pedro Martínez: Perteneciente a la comunidad rural y esposo de la vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Jardines.
- Martha Cruz y Nelson Mosquera: Pareja de esposos cuya detención dejó en condición de vulnerabilidad a sus tres hijos menores de edad, actualmente al cuidado de su abuela materna.
De acuerdo con el CPDH, las personas retenidas habrían sufrido agresiones físicas y verbales antes de ser trasladadas sucesivamente por distintas sedes militares. Actualmente, según confirmó la organización, los cuatro ciudadanos se encuentran recluidos en los centros penitenciarios de La Picota (Bogotá) y Cómbita (Boyacá).
Peticiones a las autoridades competentes
Ante este escenario, la ONG de derechos humanos presentó un pliego de solicitudes directas a distintas entidades del Estado:
- A la Fiscalía y Ministerio Público: Garantizar la presunción de inocencia, revisar el debido proceso y adelantar las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar sobre los uniformados involucrados en el operativo.
- Al Ministerio de Defensa: Cesar los señalamientos contra la población campesina del occidente del Huila y garantizar el respeto estricto al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
- Al ICBF: Brindar acompañamiento psicosocial y asistencia alimentaria de emergencia a los menores afectados.
- A la Gobernación del Huila y Alcaldía de La Plata: Convocar de manera urgente un Consejo de Seguridad con enfoque de Derechos Humanos para evaluar las garantías de las organizaciones comunitarias en la región.
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