Decisiones judiciales y megaoperativos marcan la agenda de redistribución y seguridad jurídica en el campo colombiano.
La Corte Constitucional de Colombia hizo ajustes a la reforma rural integral y ordenó acelerar la creación de la justicia agraria, exhortando al Congreso a aprobar la ley para tribunales especializados y pidiendo al Consejo Superior de la Judicatura preparar su operación progresiva desde 2027. A nivel global, la conferencia ICAR + 20 en Cartagena ratificó que la desigualdad en el acceso a la tierra es causa de pobreza rural e inseguridad alimentaria. En este escenario, la Agencia Nacional de Tierras ha liderado megaoperativos recuperando más de 3.300 hectáreas en manos de estructuras ilegales en Magdalena, Córdoba y Puerto Boyacá, restituyendo además derechos al pueblo indígena kogi en la Sierra Nevada.
El impacto directo se siente en las familias rurales. A nivel nacional se reporta el avance en la entrega de más de 700.000 hectáreas a comunidades étnicas y campesinas, junto con la formalización y titulación de más de 2 millones de hectáreas. En regiones como el Catatumbo se han titulado alrededor de 10.000 hectáreas y entregado más de 3.500, mientras que en el Huila la titulación de más de 1.800 hectáreas garantiza la seguridad jurídica de productores como Luis Alirio Trejo, quien ahora cuenta con su propio espacio para cultivar plátano. Asimismo, la estrategia de microbarridos prediales de la Agencia Nacional de Tierras en el corregimiento de Punto Nuevo (Yopal, Casanare) ha permitido beneficiar a pequeños productores a cero costo, priorizando a las mujeres campesinas en las escrituras para permitirles acceder a créditos y mejorar su calidad de vida.
Este importante tema es el eje del programa Informativo Volombia Viva, esperamos que disfrute este podcast por TeleOpita
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