Por: Redacción Teleopita.com
El debate sobre la integridad de los bienes del Estado ha tomado un nuevo y complejo giro institucional en el país. El fuerte militar de Tolemaida, ubicado estratégicamente entre los municipios de Nilo (Cundinamarca) y Melgar (Tolima), se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse un informe de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa que detalla la ocupación irregular de más de 700 hectáreas pertenecientes estrictamente a la Nación.
Las denuncias planteadas por equipos de investigación y juristas externos apuntan a una red de presunto loteo fraudulento y adjudicación de terrenos fiscales a particulares, exoficiales y altos mandos del Ejército para la supuesta construcción de predios y viviendas de alto valor, un fenómeno que popularmente se ha denominado en las redes de opinión como el «Country Club» de Tolemaida.
Frente a esta coyuntura, Teleopita.com analiza el estado de las investigaciones con estricto rigor periodístico y con base en los reportes y pronunciamientos oficiales emitidos por los entes de control y las carteras gubernamentales correspondientes.
La versión oficial: ¿Cómo funciona el millonario despojo de tierras?
De acuerdo con los expedientes e informes técnicos suministrados por el abogado Jorge Iván Reyes Barrera, apoderado de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, no se trata de una problemática reciente, sino de un millonario despojo inmobiliario continuado que se remonta a más de 70 años.
Los predios afectados, que incluyen las fincas conocidas históricamente como Berlín, La Cajita, San José, La Calera y Resaca, fueron adquiridos legítimamente por el Estado colombiano en 1954 durante la administración presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla con el fin de consolidar el entrenamiento de la fuerza pública.
El modus operandi de los denominados «tierreros» e intermediarios consistió en cercar de forma fraudulenta los terrenos baldíos o fiscales del Fuerte, ingresar ganado para simular posesión económica y, posteriormente, proceder a lotearlos y venderlos a terceros de manera ilegal. La gravedad técnica del asunto radica en que actualmente existen cerca de 14.000 cédulas catastrales registradas a nombre de particulares naturales y jurídicos que sostienen ser los dueños legítimos de hectáreas que, según los títulos matrices, le pertenecen a la Nación.
- Para consultar los avances y bases de datos del ordenamiento social de la propiedad, la ciudadanía puede ingresar al portal oficial de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Contraste de información y acciones institucionales
El caso ha desatado una fuerte controversia en el sector Defensa y en el propio estamento militar debido a denuncias sobre presuntos movimientos de personal y relevos de investigadores que lideraban las pesquisas dentro de la institución.
- La Ofensiva Jurídica del Ejército: El comandante del Ejército Nacional ha confirmado de manera pública que la institución dispone de oficinas de finca raíz y abogados litigantes que adelantan una ofensiva jurídica contundente para frenar la usurpación. De igual manera, se enfatizó que se cuenta con delimitación topográfica exacta y georreferenciación de los linderos para ejecutar los procesos civiles de pertenencia e iniciar la judicialización correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación para que los predios vuelvan al control del Ministerio de Defensa.
- Las advertencias de los entes de control: Paralelo a la disputa de linderos, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República mantienen inspecciones disciplinarias y auditorías especiales vigentes en la Base Aérea de Tolemaida. Aunque estas se centran principalmente en las presuntas irregularidades en contratos de mantenimiento de la flota aérea y la infraestructura de los hangares, los organismos han reiterado la necesidad de blindar con transparencia la administración de todos los bienes públicos del complejo militar.
- Los ciudadanos interesados en revisar los boletines, fallos y radicados disciplinarios contra servidores públicos pueden consultar el sistema de la Procuraduría General de la Nación.
Mientras las investigaciones administrativas y los juzgados locales civiles resuelven la maraña de títulos falsos y linderos en disputa, el Ministerio de Defensa insiste en que no cederá ante las presiones de las mafias inmobiliarias, mientras la opinión pública exige que se esclarezca con total transparencia la identidad de los particulares y altos oficiales retirados beneficiados con este histórico usufructo irregular del suelo de la patria.
Acerca del autor
