Por: Redacción Portal Informativo – Análisis Económico
Bogotá, D.C., 25 de mayo de 2026. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha presentado los esperados resultados del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR) correspondientes al primer trimestre de 2026. La gran novedad de esta entrega es la implementación de una nueva metodología de medición —bajo la Resolución 4574 de 2025— que busca aplicar un control mucho más estricto, transparente y exigente a la ejecución del dinero público en las regiones.
Debido a este control más riguroso, el promedio nacional de la medición se situó en 69 puntos, registrando una disminución de ocho puntos en comparación con el periodo anterior.
Radiografía de la ejecución: Cifras y entidades bajo la lupa
En esta exhaustiva evaluación se midieron un total de 7.088 proyectos de inversión , los cuales representan una billonaria suma de $51 billones de pesos (donde $45 billones provienen directamente de la explotación de recursos no renovables). Los proyectos fueron clasificados según su estado actual: 643 se encuentran sin contratar, 4.854 están en fase de ejecución y 1.591 ya han sido terminados.
El DNP calificó a 1.378 entidades ejecutoras en todo el país (gobernaciones, municipios, grupos étnicos, universidades, entre otras), arrojando el siguiente balance de desempeño:
- Desempeño «Adecuado»: 921 entidades (el 66,8%) lograron una calificación satisfactoria. Cabe destacar que, reconociendo la menor capacidad institucional de ciertos territorios, la nueva metodología fijó una escala diferencial donde los municipios de categorías 4, 5 y 6, departamentos de capacidad 3 y grupos étnicos aprueban a partir de los 50 puntos, mientras que para el resto el mínimo es de 60 puntos.
- Desempeño «No Adecuado»: 457 entidades (el 33,2%) no alcanzaron los estándares requeridos. Dentro de este grupo hay alertas encendidas: 179 entidades presentaron alarmantes calificaciones inferiores a los 10 puntos y 55 municipios de 19 departamentos obtuvieron una calificación de cero puntos.
Los mejores y peores en el tablero departamental
Los resultados muestran realidades muy diversas a lo largo y ancho del territorio nacional:
- En el top de eficiencia: Los cinco departamentos que obtuvieron las mejores calificaciones por su excelente ejecución fueron Valle del Cauca, Vaupés, Magdalena, Bolívar y Cesar.
- En la zona de rezago: Por el contrario, las cinco regiones con las puntuaciones más bajas y mayores dificultades fueron San Andrés, Cauca, Amazonas, Chocó y La Guajira.
Por el lado de las comunidades indígenas evaluadas, de las 59 medidas en todo el país, 34 alcanzaron un desempeño «Adecuado» y 25 quedaron catalogadas como «No adecuado».
¿Por qué variaron las calificaciones? Las nuevas reglas de juego
De acuerdo con Natalia Irene Molina Posso, directora general del DNP, esta medición marca un «antes y un después» porque permite identificar con total precisión técnica dónde están las fallas, riesgos y retrasos para cuidar cada peso público.
Los cambios normativos que apretaron las tuercas a los mandatarios locales incluyen la inclusión del indicador de brecha entre el avance físico y financiero , la penalización por programación vencida en obras en ejecución , amonestaciones por alterar información previamente registrada y la eliminación de bonificaciones por el simple hecho de reportar a tiempo.
De hecho, el DNP confirmó que las principales causales que tumbaron las notas de las regiones fueron la brecha físico-financiera (que afectó a 1.674 proyectos) y la programación vencida (que golpeó a 1.528 proyectos).
El llamado a la continuidad y el rigor técnico
El subdirector general del SGR, Rubin Ariel Huffington Rodríguez, enfatizó que esta medición funciona como una verdadera radiografía y hoja de ruta para corregir las debilidades institucionales y asegurar que las obras se terminen en los plazos pactados, generando bienestar social.
Ante este panorama, el Gobierno Nacional hizo un enérgico llamado a alcaldes, gobernadores y juntas ejecutoras para que fortalezcan sus procedimientos técnicos y realicen una ejecución transparente y rigurosa. La meta del control estatal debe ser una política de largo aliento: garantizar de forma continua e ininterrumpida que las regalías petroleras y mineras dejen de perderse en la burocracia o el abandono, y se transformen verdaderamente en los derechos, la infraestructura y la calidad de vida que exigen las comunidades en cada rincón de Colombia.
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