LA PLATA | Mientras las bandas criminales se llenan los bolsillos, el departamento del Huila cuenta sus pérdidas en millones que deberían ir para hospitales y canchas deportivas. La situación del contrabando de cigarrillos en Colombia ha pasado de ser un problema de «ventas callejeras» a una verdadera emergencia fiscal y de seguridad que el Gobierno Nacional no parece frenar con eficacia.
Las cifras del descalabro
No es una percepción; los datos son aterradores. En el último año, el consumo de cigarrillos ilegales en el país alcanzó niveles históricos:
- 35% del mercado nacional ya es dominado por el contrabando.
- Se estima que más de 1.1 billones de pesos se dejan de recaudar anualmente por este concepto en todo el territorio colombiano.
- En regiones como el Huila, el impacto es directo: por cada 10 cigarrillos que se fuman, casi 4 son ilegales, lo que significa que no pagan el impuesto al consumo destinado a la salud.
El choque de poderes: ¿Qué proponen para frenar el flagelo? Aquí es donde la «puerca tuerce el rabo».
- La Propuesta del Gobierno Nacional: El enfoque central se ha basado en la Ley de Inversión Social y el fortalecimiento de la POLFA (Policía Fiscal y Aduanera) para realizar incautaciones en puertos y carreteras. Sin embargo, la crítica es feroz: mientras el Gobierno se enfoca en el control policial, el aumento de impuestos a los productos legales —sin un control fronterizo real— está empujando a los consumidores hacia el mercado negro, donde los precios son hasta un 50% más bajos.
- La Propuesta de la Federación Nacional de Departamentos (FND): Los gobernadores, que son los que ven sus arcas vacías, proponen una reforma a la Ley de Regalías y una mayor autonomía en la gestión del recaudo. La FND exige que se endurezcan las penas para los grandes distribuidores (no solo para el tendero) y que se cree un fondo de compensación inmediata donde lo incautado se convierta en inversión social directa para las zonas rurales, que es donde más penetra el producto ilegal.
El pueblo paga los platos rotos
Es inaudito que mientras el Gobierno Nacional habla de «paz total» y «justicia social», permita que el contrabando —financiado por grupos armados ilegales— sea el que dicte las reglas del mercado en nuestros municipios. La Federación de Municipios ha sido clara: si no hay un control de precios y una pedagogía real, seguiremos viendo cómo el dinero de nuestra salud se esfuma en el humo de cigarrillos de dudosa procedencia.
Estudio completo dado por FND Federacion Nacional de Departamentos:
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