Por: Redacción Portal Informativo – En colaboración con TV3 La Plata
Neiva, 24 de mayo de 2026. Proteger la estabilidad económica del campo y blindar las cosechas ante la inclemencia del clima ya no es una opción, sino una prioridad de seguridad nacional. Con esta consigna, el secretario de Agricultura y Minería del Huila, Oscar Eduardo Trujillo Cuenca, participó de manera activa durante dos días en Bogotá en las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Agricultura para estructurar las políticas públicas de Gestión del Riesgo Rural y la Política Nacional de Mercadeo Agropecuario.
El encuentro, que reunió a delegaciones técnicas de diez departamentos del país, sirvió para que el Huila fuera reconocido formalmente como un caso de éxito a nivel nacional debido a las acciones preventivas y de articulación gremial que ya se ejecutan de manera anticipada en el territorio opita.
🌤️ Blindar el campo a «cielo abierto»: Desafío agroclimático
A diferencia de otros renglones de la economía, el sector agropecuario desarrolla sus actividades expuesto por completo a las variables climáticas. En la actualidad, el país enfrenta un panorama complejo: un primer semestre golpeado por fuertes lluvias influenciadas por un frente frío, y la alerta latente de una transición hacia una intensa temporada de sequía en el segundo semestre ante la posible consolidación del Fenómeno de El Niño.
El secretario Trujillo Cuenca advirtió que históricamente el sector primario había sido excluido de las grandes estrategias de gestión del riesgo, dejando la seguridad alimentaria a merced de la incertidumbre. «Siempre se ha venido trabajando mucho en la gestión del riesgo, pero el sector agropecuario ha sido de cierta manera excluido… Fuimos reconocidos como caso de éxito porque muchas de las propuestas que presentamos van en línea con la planificación nacional, y nosotros ya las estamos ejecutando junto al Ideam, la Gestión del Riesgo Nacional y cooperación internacional en talleres de preparación agroclimática», puntualizó.
El equipo de trabajo interinstitucional encargado de acoger estas iniciativas estuvo conformado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
🍏 Mercadeo agropecuario con valor agregado y ordenamiento judicial
El segundo eje clave de las jornadas fue la estructuración de las reglas de compra y venta en el agro. Tras un fallo de segunda instancia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que determinó que el Gobierno Nacional ha incumplido los tiempos de la Ley 2378 de 2024 para hacer competitivo al sector, el Ministerio de Agricultura agilizó la creación de la Mesa Técnica Intersectorial y Regional para diseñar la Política Nacional de Mercadeo Agropecuario.
Para el Huila, consolidado como una potencia agroalimentaria en el país, este ítem es vital. El departamento viene liderando estrategias que van más allá de la venta directa de lo que se cosecha; la apuesta regional se concentra en:
- Mejoramiento de infraestructura productiva y reconversión tecnológica.
- Incremento de la productividad mediante el aprovechamiento estratégico de minerales locales.
- Procesos agroindustriales avanzados, ayudando al productor primario a obtener registros de marca, certificaciones de calidad y acceso a nuevos nichos de mercado con precios justos.
📈 Un modelo continuo: Sostenibilidad e Institucionalidad
El éxito de estos talleres de planificación y el acatamiento del fallo del Consejo de Estado demuestran que el ordenamiento de la producción, el transporte y la comercialización del campo requiere un esfuerzo estatal sin interrupciones. Así como el Departamento Nacional de Planeación (DNP) evalúa con lupa técnica el uso de los recursos públicos mediante el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), el diseño de estas políticas agropecuarias debe convertirse en una hoja de ruta de largo aliento.
El gran desafío para las administraciones actuales y el próximo gobierno será blindar la continuidad de estas mesas técnicas y los recursos de cofinanciación, asegurando que las herramientas preventivas y comerciales se mantengan vigentes en el tiempo para transformar la vulnerabilidad climática en resiliencia económica y verdadera justicia rural.
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