NEIVA | En un encuentro que marca una nueva hoja de ruta para la justicia transicional en el sur del país, la fiscal del grupo territorial de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en Neiva, Rosabel Flórez, y la defensora regional del Huila, Quimberly Ninoska Trujillo, formalizaron una alianza de articulación institucional sin precedentes.
El objetivo es claro: unificar esfuerzos para que las víctimas del conflicto armado en el Huila no solo sean escuchadas, sino que cuenten con un respaldo técnico y jurídico robusto que garantice la protección integral de sus derechos en el marco de los macrocasos que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz.
¿Por qué es vital esta articulación?
Históricamente, las víctimas han enfrentado barreras de acceso y temor al participar en procesos judiciales. Esta unión entre la «fiscalía» de la JEP y el organismo defensor de los Derechos Humanos busca:
- Fortalecer la atención directa: Crear canales de comunicación más ágiles para que los afectados en municipios distantes del Huila reciban asesoría oportuna.
- Seguridad y Garantías: Asegurar que quienes comparecen ante la justicia transicional cuenten con el acompañamiento permanente de la Defensoría, evitando la revictimización.
- Presencia Territorial: Llevar la oferta institucional a las zonas rurales donde el impacto del conflicto fue más severo, como el occidente y el norte del departamento.
Compromiso con la verdad y la reparación
Durante la reunión de relacionamiento, la fiscal Rosabel Flórez enfatizó que la UIA necesita del brazo protector de la Defensoría para asegurar que el proceso de investigación y acusación sea transparente y centrado en la dignidad humana. Por su parte, la defensora Quimberly Trujillo ratificó que el Huila será modelo de cooperación institucional para la paz.
Impacto en el Huila Grande
Para un departamento con miles de personas inscritas en el Registro Único de Víctimas, esta noticia representa un mensaje de esperanza. La articulación institucional garantiza que la «Paz con Legalidad» no sea un concepto abstracto, sino una realidad palpable en las oficinas de Neiva y en las veredas del Huila.
«Trabajar de forma articulada no es una opción, es una obligación constitucional para devolverles la voz a quienes el conflicto intentó silenciar», coincidieron las funcionarias.
Fuentes Oficiales:
- Unidad de Investigación y Acusación (UIA) – JEP: Reporte Territorial Neiva.
- Defensoría del Pueblo Regional Huila: Plan de Atención a Víctimas 2026.
- Jurisdicción Especial para la Paz: Lineamientos de articulación interinstitucional.
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