BOGOTÁ | El panorama político nacional se sacude tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien anunció que entregará a las autoridades competentes pruebas de presuntas irregularidades en el sistema electoral colombiano. Según el mandatario, estas evidencias surgen de un análisis de la sentencia sobre las elecciones al Senado del periodo 2014–2018, pero se extienden hasta hechos ocurridos en los comicios de 2022.
El testigo de Pereira y el papel de ASD
El Jefe de Estado reveló contar con un testigo presencial de lo ocurrido en Pereira durante las pasadas elecciones presidenciales y legislativas. La denuncia se centra en el proceso de preconteo, el cual es operado por la empresa ASD, una filial del conglomerado Thomas Gregg & Sons.
Los tres pilares de la denuncia presidencial:
- Monopolio del Preconteo: Petro cuestiona que una filial de una empresa privada (Thomas Gregg & Sons) tenga el control del preconteo, asegurando que si no hay auditoría externa, los datos podrían ser manipulados.
- Limitación de Testigos: El mandatario sostiene que, al limitar la presencia de testigos electorales en ciertos puntos, se pierde la capacidad de contrastar el formulario E-14 (acta de mesa) con el reporte digital.
- El «Misterio» del Software: Una de las críticas más fuertes es la falta de acceso al código fuente del software electoral. “Si el software no se puede verificar, el fraude en el preconteo queda como válido”, sentenció el presidente.
La solicitud de verificación
El presidente aseguró que desde hace una semana ha solicitado formalmente la verificación del software ante los organismos electorales. Esta petición busca que expertos independientes y delegados de los partidos políticos puedan auditar los algoritmos que suman los votos antes de que los resultados se vuelvan oficiales.
Fuentes de referencia y contexto jurídico:
Para entender el alcance de esta denuncia, es necesario remitirse a los precedentes legales que el mismo mandatario cita:
- Sentencia del Consejo de Estado sobre el Senado 2014-2018: Este fallo es el que menciona el presidente como base para demostrar que el sistema ya ha fallado antes, reconociendo en su momento irregularidades en la transmisión de datos que afectaron a movimientos como el MIRA.
- Misiones de Observación Internacional (MOE y UE): En informes pasados, estos organismos han recomendado que el software electoral sea de propiedad del Estado o, al menos, plenamente auditable por todas las fuerzas políticas.
- Contratos de la Registraduría: La relación contractual entre la Registraduría Nacional y Thomas Gregg & Sons ha sido objeto de debate público por décadas, siendo el actual gobierno el más crítico frente a esta permanencia.
Análisis de Teleopita: La denuncia del presidente no es menor, pues ataca la base de la confianza democrática. Si bien Thomas Gregg & Sons ha defendido su transparencia durante años, la presión por un software estatal o de código abierto cobra más fuerza. Para los habitantes del Huila y de todo el país, la pregunta sigue siendo: ¿Es nuestro sistema de conteo de votos invulnerable a la mano humana o a errores de algoritmo? Esta batalla jurídica apenas comienza.
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