BOGOTÁ | En una decisión que ha sido calificada por sectores sociales como un «golpe a la billetera de los más pobres», el Consejo de Estado decidió suspender el decreto que elevaba el salario mínimo a 2 millones de pesos para 2026. Aunque la corte alega razones técnicas de sostenibilidad, la medida enciende las alarmas sobre el peligro de que el poder judicial se inmiscuya de frente en las políticas de dignificación humana que el Ejecutivo busca implementar por mandato popular.
¿Artimañas legales contra el bienestar social?
El Gobierno Nacional ha defendido el aumento del 23% no como un capricho económico, sino como una reparación histórica para los trabajadores. Al suspender esta medida, el Consejo de Estado entra en un terreno pantanoso: ¿hasta dónde pueden las cortes frenar la redistribución de la riqueza en un país con brechas de desigualdad tan profundas?
Para muchos analistas, el uso de suspensiones provisionales bajo argumentos técnicos se percibe como una «artimaña» para dilatar beneficios que ya deberían estar en manos de la gente. El peligro radica en que, al bloquear estas decisiones, se debilita la capacidad de acción de un Gobierno elegido precisamente para transformar las condiciones materiales de la sociedad.
Lo peligroso de un «Estado de Jueces»
Este choque de trenes plantea una pregunta de fondo sobre la democracia colombiana:
- Bloqueo a la voluntad popular: El aumento salarial fue una de las promesas bandera del Gobierno. Al ser frenado por una corte, se genera la sensación de que las decisiones tomadas en las urnas pueden ser anuladas por tecnicismos legales de funcionarios no elegidos por voto popular.
- Incertidumbre y caos social: Al dejar el salario en un «limbo» por ocho días, se genera una inestabilidad que afecta el consumo y la tranquilidad de las familias. La «intervención» judicial en la fijación del salario mínimo podría sentar un precedente donde ninguna política social esté segura frente a demandas de sectores opositores.
- Tensión en las calles: La historia ha demostrado que cuando las vías institucionales bloquean las mejoras en la calidad de vida, la respuesta suele trasladarse a la protesta social. El Huila, un departamento con alta población trabajadora y rural, podría ser epicentro de movilizaciones si se percibe que la ley se usa para mantener salarios de hambre.
¿Qué viene ahora? El Gobierno ante el desafío de las cortes
El Ministerio de Trabajo tiene ahora un plazo de ocho días para emitir un decreto transitorio. El reto para el Ejecutivo será encontrar una fórmula que, sin renunciar a su espíritu de justicia social, logre sortear los obstáculos jurídicos que hoy parecen querer «gobernar por decreto judicial».
La objetividad nos obliga a decir que, mientras las cortes buscan estabilidad de precios, el Gobierno busca estabilidad en los hogares. El problema es que, en esa lucha, el trabajador es quien queda atrapado en medio del fuego cruzado.
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