Bogotá D.C., 4 de febrero de 2026. En una declaración que sacude los cimientos democráticos del país, el Pacto Histórico ha denunciado una «operación antidemocrática sin precedentes» y ha tomado decisiones radicales que cambian el rumbo de las elecciones presidenciales de este año.
La colectividad, que se define como la fuerza política más influyente de Colombia, denunció ser víctima de un plan de persecución sistemática y asedio jurídico destinado a frustrar su proyecto de nación.
⚠️ Las razones de la ruptura
El movimiento argumenta una violación masiva de los derechos políticos de millones de ciudadanos, fundamentada en hechos clave:
- Revocatoria de Candidatura: Denuncian que se ha revocado la inscripción de Iván Cepeda Castro, desconociendo el carácter vinculante de las consultas previas.
- Ataque a las listas del Congreso: Alertan sobre la intención de anular las listas a la Cámara de Representantes en 15 departamentos del país.
- Grave Afectación Electoral: Aseguran que estas acciones vulneran los derechos de más de 2.700.000 personas que votaron en su consulta del pasado 26 de octubre.
🚀 El nuevo camino a la Presidencia
Ante lo que califican como una «operación antidemocrática», el Pacto Histórico ha ratificado su candidatura presidencial y anuncia las siguientes medidas inmediatas:
- Retiro de la Consulta: La colectividad retira oficialmente su participación en la consulta programada para el 8 de marzo de 2026.
- Candidatura Directa: Iván Cepeda Castro se inscribirá directamente para la primera vuelta de las elecciones presidenciales como el sucesor de Gustavo Petro.
- Defensa Jurídica: Un equipo de asesores legales estudiará los procedimientos para subsanar la impugnación de sus listas a la Cámara en varios departamentos.
«No podrán detener la transformación social», sentencia el comunicado firmado por la Dirección Nacional del movimiento y el propio candidato Iván Cepeda.
🔍 Análisis del escenario
El Pacto Histórico apuesta ahora por la movilización política y organizada de sus millones de seguidores para lograr dos objetivos fundamentales: consolidar una bancada poderosa en el Senado y la Cámara, y ganar la presidencia en primera vuelta.
Este anuncio marca el inicio de una etapa de alta tensión institucional, donde el movimiento busca convertir el «asedio jurídico» en un motor de respaldo popular hacia las urnas.