En un evento calificado como la entrega masiva más importante en la historia reciente del departamento, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha logrado un hito sorprendente: Guainía vuelve a expedir títulos de propiedad después de 17 años de inacción administrativa. Este suceso se enmarca en la aceleración de la Reforma Agraria, política central del actual gobierno.
La entrega, que desató el júbilo en la región, se centró en la formalización de 13 títulos de propiedad para familias campesinas de los municipios de Inírida y Barrancominas, abarcando una extensión de casi 200 hectáreas.
La Burocracia Vencida por la Voluntad Política
El hecho de que un departamento haya permanecido casi dos décadas sin formalizar tierras es un testimonio de las profundas fallas estructurales y la parálisis burocrática que el actual Gobierno afirma estar desmontando. La entrega fue un mensaje contundente de que la voluntad política ha superado las barreras que históricamente han mantenido a miles de campesinos en la informalidad y la inseguridad jurídica.
La ceremonia se realizó en la Feria Agroindustrial de Inírida, en un acto público que reunió a más de 100 productores campesinos y populares, contando con el apoyo logístico de la Alcaldía de Inírida y la Fuerza Aérea Colombiana.
Compromiso y Respaldo a la Gestión
Esta acción no solo brinda seguridad jurídica a las familias beneficiadas, sino que las integra plenamente al desarrollo productivo y al acceso a créditos y subsidios estatales. Es una prueba tangible de que la Reforma Agraria está avanzando en los territorios históricamente marginados.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro sigue cumpliendo con su promesa de saldar la deuda histórica con el campesinado. La reactivación de la formalización en Guainía es un respaldo inequívoco a una gestión que prioriza el ordenamiento social de la propiedad.
Y la gestión no se detiene: la entidad encargada anunció que este año se finalizará la intervención de 2.000 hectáreas adicionales mediante microbarridos que transformarán el territorio hacia 2026. La meta es clara: garantizar la dignidad de las comunidades rurales a través del acceso a la tierra.
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