El presidente Gustavo Petro elevó el tono de su discurso contra las élites empresariales colombianas, reaccionando a una contundente investigación periodística que vincula a figuras prominentes de la industria antioqueña con la cuestionada Convivir Las Garzas. La crítica presidencial subraya que el conflicto armado no fue solo una lucha de guerrillas y paramilitares, sino que contó con el apoyo financiero y asociativo de altos sectores privados.
Figuras de Alto Impacto en el Caso Convivir Las Garzas
La investigación del medio Vorágine reveló documentos que detallan la lista de asociados de la Convivir Las Garzas, una organización que operó en municipios como Fredonia, Titiribí y Venecia (Antioquia), y que fue señalada de cometer crímenes graves (secuestros, asesinatos y violencia sexual). Entre los nombres de alto perfil revelados se encuentran:
- David Bojanini: Expresidente del Grupo Sura.
Juan Raúl Vélez: Fundador de Cueros Vélez.
Hernán de la Cuesta: Creador de la firma Invamer.
La presencia de estas figuras en el listado de asociados morosos o activos de la Convivir Las Garzas, junto a otros nombres polémicos como Santiago Uribe y los hermanos Gallón, pone el foco en la financiación y el soporte social que recibieron estas estructuras.
El Contexto Legal y Político de las Convivir
El mensaje de Petro se centra en la implicación histórica de estas asociaciones:
- Fachada Paramilitar: Creadas bajo el amparo legal de la Ley 100 de 1993 para promover la vigilancia rural, la Comisión de la Verdad y el propio Ejército Nacional han reconocido que numerosas Convivir se convirtieron en la base y el motor del surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a partir de 1997.
- Implicaciones Legales: La Corte Constitucional, en su Sentencia C-572/97, ya había advertido que la integración de servicios de vigilancia privada comunitaria era un «estímulo al paramilitarismo», pues promovía el desconocimiento de los derechos humanos y debilitaba el monopolio de las armas en el Estado.
- Crímenes de Lesa Humanidad: Investigaciones judiciales han concluido que los crímenes cometidos por estas estructuras criminales, incluidos asesinatos y violaciones de derechos humanos, no están afectados por la prescripción.
El llamado del presidente Petro exige que la justicia y la verdad histórica no se limiten a los actores armados, sino que se extienda a quienes, desde los círculos de poder económico, habrían facilitado o financiado la «guerra sucia» en el campo colombiano.
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