Líderes de diversas asociaciones campesinas, principalmente del municipio de Baraya en el norte del Huila, mantienen una protesta intermitente a las afueras de la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Neiva. Los manifestantes, que en su mayoría son víctimas del conflicto armado, exigen la adjudicación efectiva de tierras y la vinculación real a los procesos de reforma agraria que adelanta el Gobierno Nacional.
La vía principal ha sido bloqueada de manera temporal como medida de presión para ser atendidos de manera inmediata por funcionarios de la ANT y un enlace de la Gobernación del Huila.
El Corazón de la Demanda: Tierra para las Víctimas
La protesta subraya una demanda central de la población campesina afectada por la violencia: el paso de la titulación (formalización de predios ya ocupados) a la adjudicación (entrega efectiva de nuevos terrenos productivos). Los campesinos de Baraya señalan que, a pesar de estar registrados como víctimas y contar con derechos de reparación, han quedado por fuera de los procesos de entrega de tierras que se impulsan en el marco del Fondo Nacional de Tierras.
Según la Unidad para las Víctimas, la región norte del Huila concentra un alto número de familias desplazadas o despojadas que aún esperan ser reparadas con un activo productivo. La falta de acceso a la tierra para estas comunidades mantiene la precariedad económica y social en un departamento con una fuerte vocación agrícola.
Cifras Oficiales en Contraste con el Avance Local
Mientras que a nivel nacional la ANT ha reportado avances en la formalización de millones de hectáreas, las cifras de adjudicación de nuevos predios a comunidades víctimas y campesinas organizadas suelen ser más lentas.
En el Huila, las estadísticas de la ANT muestran un avance en la formalización de títulos, pero las organizaciones campesinas señalan que los predios provenientes de la extinción de dominio o de la compra directa de tierras aún no se traducen en asignaciones masivas y efectivas para los campesinos de Baraya que lo necesitan. La protesta es un llamado urgente para que las metas nacionales se aterricen en resultados tangibles en el territorio huilense.
La exigencia de los líderes es clara: no levantar el bloqueo hasta que la Agencia Nacional de Tierras y el Gobierno departamental establezcan un cronograma claro y vinculante para la adjudicación de terrenos y la inclusión de sus asociaciones en la planeación de los proyectos productivos asociados a la tierra.
Acerca del autor
