Bogotá, 31 de julio de 2025. En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó las sanciones más severas contra los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por el escándalo de los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para La Guajira.
Las sanciones confirmadas son:
- Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD: destitución e inhabilidad general de 18 años.
- Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres: destitución e inhabilidad general de 20 años.
- Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general: destitución e inhabilidad general de 10 años.
La Procuraduría determinó que los funcionarios autorizaron un pago superior a los $16 mil millones por la totalidad de los vehículos, lo que representó un incremento de más del 54 % frente a los precios reales del mercado. Este sobrecosto se traduce en más de $412 millones por cada uno de los 40 carrotanques, lo que constituye un detrimento del patrimonio público.
Las Faltas que Llevan a la Sanción
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento encontró que Olmedo López y Sneyder Pinilla incurrieron en faltas gravísimas a título de dolo. Específicamente:
- Olmedo López fue sancionado por suscribir la orden de compra y autorizar el pago de los recursos a sabiendas de los sobrecostos.
- Sneyder Pinilla participó activamente en la gestión del negocio, omitiendo el hecho de que las cotizaciones superaban el precio real del mercado y avalando los pagos. Además, certificó la recepción satisfactoria de los vehículos a pesar de que no se utilizaron para el fin humanitario previsto en el Decreto 2113 de 2022, que era el abastecimiento de agua para la comunidad de La Guajira.
Por su parte, la Procuraduría confirmó la destitución de Víctor Andrés Meza Galván por firmar la ratificación de la orden de compra, facilitando el pago al contratista y participando así en la actividad contractual que produjo el detrimento patrimonial. Su falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima.
Con este fallo, el ente de control reiteró que los disciplinados desconocieron los principios de moralidad, eficacia y economía que rigen la función pública, emitiendo una decisión que busca sancionar de manera ejemplar el uso indebido de los recursos del Estado.
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