Bogotá, D. C., 24 de julio de 2025 (@PGN_COL). La Procuraduría General de la Nación ha enviado un mensaje claro y contundente: la impunidad no tiene cabida en la gestión de los recursos públicos. En una demostración de que la investigación y la búsqueda de la verdad dan frutos, el Ministerio Público destituyó e inhabilitó por 15 años a Ayllen Cristhie Vásquez Cruz. Quien fuera representante legal de la empresa interventora de un convenio cacaotero en el departamento del Guaviare, enfrentará ahora las consecuencias de sus graves omisiones, que provocaron un significativo daño patrimonial al Estado.
A la contundente sanción se suma una multa superior a los $1.280 millones de pesos, el doble del valor que recibió por el contrato de interventoría. Esta decisión subraya la firmeza con la que la Procuraduría actúa para proteger los dineros de los colombianos.
Las Omisiones que Condujeron a la Sanción
La investigación de la Procuraduría reveló un patrón de negligencia que facilitó el detrimento de los recursos. Vásquez Cruz omitió informar de manera oportuna sobre el estado real de ejecución del convenio cacaotero. No requirió el cumplimiento del cronograma, y lo más grave, no se pronunció sobre la no adecuación ni operación efectiva de la planta de beneficio de Cacao, un componente crucial del proyecto.
Además, avaló reprogramaciones y modificaciones sustanciales sin justificación técnica válida, validó avances sin soportes que realmente demostraran la ejecución de las actividades pactadas, y autorizó desembolsos en favor del operador sin los controles debidos.
Estas acciones, o la falta de ellas, no solo afectaron la confianza ciudadana en la gestión pública, sino que impactaron directamente la eficacia del uso de los recursos del Sistema General de Regalías, que estaban destinados a fortalecer la innovación empresarial de las familias cacaoteras del Guaviare.
La Procuraduría calificó su conducta como una falta gravísima, cometida a título de culpa gravísima. Esta decisión, si bien es susceptible de recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada de Juzgamiento, reitera que, tarde o temprano, las acciones que atentan contra el patrimonio público serán investigadas y sancionadas con todo el peso de la ley. En Colombia, la verdad sale a la luz y los responsables responden.
About the Author
