Bogotá, D. C. El Gobierno Nacional ha intensificado sus esfuerzos para dar solución a la crisis arrocera que mantiene movilizados a productores en diversas carreteras del país. Este lunes, 21 de julio, se instalará una mesa de diálogo con funcionarios de alto nivel del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y voceros de las distintas organizaciones de productores de arroz.
Esta mesa de alto nivel se suma a los múltiples escenarios de diálogo que el Gobierno ha adelantado. Uno de ellos fue el encuentro presencial del pasado 14 de julio, que contó con la participación de gobernadores, congresistas, delegados del sector industrial y comercial, y productores de regiones clave como Casanare, Mojana, Tolima, Huila y Meta. La instalación de esta nueva mesa este lunes reafirma la voluntad y disposición del Gobierno Nacional por construir caminos que permitan fortalecer la producción nacional y la soberanía alimentaria, y se suma a las acciones desplegadas para atender la crisis de precios del arroz paddy verde.
Firme Llamado a la Libre Movilidad y Monitoreo Nacional
El Gobierno Nacional ha extendido una invitación a los sectores movilizados para que, atendiendo a esta respuesta dialogante, permitan la libre movilidad en las carreteras. Esto es crucial para facilitar el normal funcionamiento del sistema agroalimentario, evitar afectaciones a otros productores y ciudadanos, y propiciar un ambiente propicio para la consecución de soluciones.
En el marco del Decreto 003 de 2021, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón O., instaló un PMU Nacional (Puesto de Mando Unificado) en la Dirección de la Policía Nacional. Este PMU tiene como objetivo monitorear de cerca el desarrollo del paro arrocero. «El Gobierno Nacional reitera que está abierto el espacio al diálogo con sectores arroceros», afirmó Rondón O. en la sesión del PMU, a la que asisten la viceministra de Agricultura, Geidy Ortega T., representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Defensoría del Pueblo, y entes territoriales de departamentos afectados como Casanare, Córdoba, Huila, Meta, Santander y Tolima.
Desde el Ministerio del Interior, se insiste en la solicitud a los manifestantes de garantizar el tránsito de misiones humanitarias, el transporte de carga y pasajeros, y la movilidad en general, con el fin de no afectar otras cadenas productivas y los derechos de quienes no participan en las protestas.
Cabe recordar que las máximas autoridades de los entes territoriales (alcaldes y gobernadores) tienen facultades para preservar el orden público en su territorio, dictando medidas a la Policía, según lo establecido en leyes como la Ley 136 de 1994, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016) y la Constitución Política.
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